Provinciales
Comunicado
Reflexiones a partir de un nuevo hecho de violencia policial en Santiago del Estero
Todavía resuena en la provincia
la sentencia del juicio por el asesinato de Ramón Vázquez en 2013, detenido sin
orden judicial, torturado y asesinado en la Comisaría décima de la ciudad
Capital. Por el crimen fueron condenados en febrero de 2019 nueve efectivos
policiales, cuatro de ellos a perpetua, en un juicio que fue histórico y cuyo
fallo fue ejemplificador. La demanda de justicia sostenida por los familiares y
acompañada por un tejido social de organizaciones sociales y de derechos
humanos, comprometidas en la lucha contra la impunidad, hizo posible la
concreción del juicio. Dando cuenta de que la violencia institucional es una
problemática social sentida en nuestra comunidad y un tema prioritario de
nuestra agenda social.
La agenda política no ha
sido del todo indiferente. El gobierno terminó de implementar en diciembre de
2016 la reforma procesal-penal que fortaleció el rol del Ministerio Público
Fiscal en la persecución penal de los hechos delictivos, bajo la expectativa de
controlar la arbitrariedad y discrecionalidad con la que la policía suele
actuar en las calles de los barrios populares. Ha impulsado, con la participación
protagónica de la Secretaría de Derechos Humanos, en conjunto con distintas
organizaciones e instituciones, un proyecto de ley para la creación de un
Mecanismo Provincial contra la Tortura, en sintonía con el mecanismo nacional
de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes. A la fecha, se trata de un proyecto que aún espera por su
tratamiento en el parlamento provincial.
Pese a estos avances en
la misma comisaría décima se produjo el asesinato de Darío Pérez en septiembre
de 2018, en pleno desarrollo del juicio por el asesinato de Ramón Vázquez. El
reciente asesinato de Silvia Maldonado, por mencionar casos recientes de
notoriedad pública, deja expuesto que atravesamos una situación de suma
gravedad.
¿Por qué siguen
repitiéndose muertes por el uso letal y/o abusivo de la fuerza? ¿Por qué las
reformas normativas no logran impactar en una disminución de la brutalidad en
el accionar policial y en una gestión de la seguridad con enfoque de derechos?
Consideramos que la
investigación y la condena judicial de los efectivos responsables son una
medida necesaria y un deber del estado, pero resultan insuficientes para
combatir estas prácticas y las condiciones sociales, institucionales y
políticas que las hacen posibles. La atribución de las responsabilidades
penales individuales de efectivos de la Comisaria quinta,
repetimos, es un deber y un derecho de los familiares de las víctimas. Pero
preocupa que sea empleada para sustentar la teoría de la manzana podrida que permite a la institución policial
remover o exonerar del cargo a quienes cometen “excesos”, porque de esa manera
evita que los “malos policías” contagien a los profesionales, al tiempo que se
salvaguarda a sí misma de cualquier proceso de revisión o escrutinio público.
La reproducción
permanente de estas prácticas y cierta aceptación social que, lamentablemente,
estos hechos suscitan en determinados sectores de la opinión pública pone de
relieve que estamos ante un fenómeno de carácter sistémico. Sistémico en tanto esas prácticas abusivas y
los usos letales de la fuerza, más que eventos extraordinarios, a esta altura
pueden pensarse como un emergente o rasgo característico de una determinada
gestión y organización del orden y la seguridad. Es precisamente la recurrencia
la que permite comprender que se encuentre naturalizada en determinados
sectores sociales el descargo de una violencia sin límites sobre determinados
sujetos sociales.
Aun mas, que el
asesinato de una menor de edad como Silvia, que estaba en su casa, que no había
cometido delito alguno, que fue capaz de hacer uso de los derechos que la
asistían para plantarse frente a la arbitrariedad al exigir una orden judicial
que autorizara el ingreso policial al domicilio, no despierte empatía ni el
rechazo a la injusticia habla, entre otras cosas, de cierta normalización
social ante un tipo de práctica institucional que es frecuente en los barrios
de la periferia, así como también en los lugares de encierro. Otro indicador de
que estamos ante la presencia de un fenómeno que es recurrente, es la formación
de organizaciones de familiares de víctimas que se aglutinan para demandar
justicia.
¿Cuáles son las
condiciones sociales, institucionales, políticas que hacen posibles estas
prácticas violentas?
Sobre las condiciones
sociales. Lo ominoso de la muerte violenta concita la atención y rechazo pero
no debemos perder de vista que esto no sería posible sin la existencia de
prácticas policiales de “menor intensidad represiva” que de forma progresiva van instalando
cierta sensación de “normalidad” o “inevitabilidad” de la violencia en las
intervenciones policiales. En efecto, a poco que nos sumergimos en esta
problemática, podemos identificar todo un conjunto de prácticas rutinarias que,
bajo la forma de hostigamiento policial, pedido de antecedentes y “demoras”,
privaciones de libertad ilegales en los móviles policiales, detenciones
irregulares en comisarías, amedrentamiento y persecución de jóvenes y mujeres
en las calles de los barrios y sus hogares, van jalonando el desarrollo de una
tecnología social de gobierno sobre determinadas poblaciones. Y que hace
también a que la tolerancia hacia la violencia policial también pueda ser
medida en función del destinatario de esta: si se trata de colectivos, grupos o
sujetos sociales percibidos socialmente como criminales o peligrosos toda forma
de violencia policial es permitida/naturalizada.
Sobre las condiciones
institucionales. La policía es una función compleja. Dominique Monjardet
distingue tres niveles de análisis: lo que la policía hace como institución,
como profesión y como organización del trabajo. Como institución es una herramienta a disposición del
ejecutivo para aplicar la fuerza cuando ésta se revela necesaria, para hacer
aplicar o respetar la ley. Considerada, desde este punto de vista, su rasgo
esencial es la instrumentalidad, porque no tiene fines propios ni puede darse a
sí misma objetivos o prioridades. Sin embargo, como profesión la policía desarrolla intereses propios,
una cultura de oficio(s), elementos de identidad y distinción sobre la base de
condiciones de trabajo y empleo, a partir de sus prácticas cotidianas y por los
mecanismos de sanciones y retribuciones sociales de sus actividades. Toda
policía desarrolla además una dimensión de organización de trabajo a partir de cierta división funcional y
jerárquica de las tareas y especialización, desarrollando mecanismos
burocráticos, fuente de opacidad e inercia. Teniendo en cuenta esto, va de suyo
que una política de seguridad no puede ni debe ser asunto estrictamente
policial. Es la conducción política la que debe establecer un proyecto
institucional que dé sentido a la organización del trabajo policial y
establezca parámetros para el desenvolvimiento de la profesión acorde a un
estado de derechos.
Esto nos lleva a pensar
en las condiciones políticas. La última Intervención federal a la provincia
tuvo como uno de sus fundamentos la necesidad de una reforma de la llamada
“vieja policía” de Juárez y Musa Azar, caracterizada como politizada y
represiva. Esto abrió camino a la propuesta del gobierno del Frente Cívico de
implementar un modelo de seguridad basado en la prevención del delito (como
contrapartida a la politización), la proximidad con la comunidad, y la
profesionalización de sus agentes (también como contrapartida de la
politización). Desde entonces se observa la inversión del presupuesto público
en ampliación de la planta de personal, capacitación, infraestructura,
tecnología. No obstante, estas medidas no han evitado el flagelo de la
violencia policial, sobre el cual además no existen estadísticas oficiales y no
se han arbitrado los sistemas de acceso a información pública en esta materia
que permitan la elaboración de diagnósticos y de políticas públicas
pertinentes. La persistencia de las prácticas de mayor y menor intensidad
represiva sugiere la presencia de un “saber hacer”, construido a lo largo de su
trayectoria histórica, arraigado en el desempeño de la profesión policial que,
a su vez, es funcional a demandas punitivas vecinales. Pero también es instrumentada
como respuesta política frente a la creciente demanda de seguridad. Y allí, la
violencia policial, lejos de configurar una excepcionalidad, se presenta como
una dimensión constitutiva de ese “saber hacer”. Un agravante es que en los
últimos años se advierte que la política nacional de mayor endurecimiento de
las penas y la convalidación de la discrecionalidad en el accionar policial
promueve una intensificación de prácticas punitivas.
Exigimos urgencia en la investigación de los hechos y celeridad en el accionar de la justicia. Comprendemos que es una oportunidad propicia para generar una profunda revisión en las políticas de seguridad que contemple un abordaje multiagencial, abierto a la participación de actores de la sociedad civil; una perspectiva integral y con enfoque de derechos; la implementación de mecanismos efectivos para el acceso a la información pública respecto del desempeño policial; la proposición de vías alternativas para el abordaje no represivo de resolución de conflictos, el diseño de campañas de sensibilización y conciencia social respecto de la violencia policial, entre otros aspectos.